Fukushima y los abusos de los derechos humanos.
Una sobreviviente del desastre nuclear de Fukushima ha presentado una evidencia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, testificando que fue "forzada" a regresar a su hogar a una zona contaminada después de que el gobierno terminará los subsidios financieros para los evacuados voluntarios.
El jueves, Mitsuko Sonoda presentó evidencia de "los continuos abusos contra los derechos humanos de las víctimas de Fukushima" a UNHRC, dijo a la agencia de noticias Xinhua una fuente con el Greenpeace de Japón en Ginebra.
Sonoda, que voluntariamente huyó de la zona de contaminación tras el desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011, cree que no tenía otra opción y se vio obligada a regresar a su aldea después de que el gobierno revocó los subsidios para quienes abandonaron voluntariamente la zona.
Greenpeace confirmó la presentación de pruebas al organismo de la ONU, diciendo que Sonoda abandonó la prefectura de Fukushima hace seis años con su esposo para proteger a su hijo de 10 años.
"Quiero decirle al mundo que no hemos respetado nuestros derechos humanos desde el desastre. No quiero que esto le suceda a nadie en otros países ", dijo Sonoda, de acuerdo con Greenpeace que tuvo una transmisión en vivo fuera de la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
"Conozco a tantas madres que han estado sufriendo y sufriendo como resultado del desastre nuclear porque el gobierno japonés y TEPCO no aceptarán sus responsabilidades" , añadió antes de presentar sus pruebas.
El desastre de 2011 ocurrió cuando tres de los reactores de la planta de Fukushima experimentaron colapsos de combustible como resultado de un terremoto y consecuente tsunami. La radiación emitida obligó a 160.000 personas a huir de sus hogares.
Más de 12.000 hogares (alrededor de 27.000 personas) han abandonado las áreas circundantes que no estaban cubiertas por las órdenes de evacuación obligatorias del gobierno. A diferencia de las personas que se vieron obligadas a trasladarse bajo mandato de evacuación, los evacuados voluntarios sólo recibieron una fracción del pago que el gobierno ofrecía en compensación a los evacuados obligatorios.
Durante seis años, la mayoría de los evacuados voluntarios vivieron en otras partes de Japón a través de subsidios patrocinados por el gobierno que cubrieron el subsidio de vivienda. Ese programa terminó en marzo de este año, después de que el gobierno afirmó que el "entorno de vida (en la Prefectura de Fukushima) está en buen estado".
La negación de la ayuda financiera del gobierno, Sonoda y otros como ella cree, dejó a la gente con una dura elección. Pueden regresar a sus hogares en las zonas que temen siguen siendo inseguras o tratar de sobrevivir en otro lugar sin subsidios gubernamentales.
Los activistas encabezados por Greenpeace han pedido repetidamente a Tokio que declare las áreas circundantes de Fukushima como un peligro para la salud humana si los niveles de radiación alcanzan más de un millisievert (mSv) al año. Las personas, sin embargo, son alentadas por el gobierno a regresar a casa si los niveles de radiación están por debajo de los 20 mSv al año.
Greenpeace también instó al gobierno a seguir ofreciendo asistencia financiera a los evacuados para que no se vean obligados a regresar.
"Las políticas de reasentamiento del gobierno japonés no sólo no cumplen con las obligaciones de múltiples tratados de derechos humanos, sino que también violan claramente la legislación nacional de Japón en lo que se refiere al tratamiento de las personas afectadas por el desastre nuclear", dijo Kendra Ulrich, presione soltar.
"Aunque la mayoría de los evacuados nucleares de Fukushima cumplen con los criterios para ser considerados como desplazados internos, el gobierno japonés se ha negado a reconocerlos como tales e ignorado los marcos internacionales para su protección".
A principios de esta semana, un tribunal de la prefectura de Fukushima ordenó al gobierno japonés y al operador nuclear de TEPCO que pagaran alrededor de 500 millones de yenes ($ 4,44 millones) en compensación - menos de $ 1,200 por reclamante. La demanda colectiva fue presentada por unas 3.800 personas, el grupo más grande entre unas 30 demandas similares involucrando a 12.000 personas pendientes en todo el país.
El operador fue declarado culpable de no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias a pesar de saber de consecuencias potencialmente devastadoras en caso de un tsunami masivo ya en 2002. El gobierno, dijo el tribunal, no supervisó al operador antes del desastre.
SetMicos
Sonoda, que voluntariamente huyó de la zona de contaminación tras el desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011, cree que no tenía otra opción y se vio obligada a regresar a su aldea después de que el gobierno revocó los subsidios para quienes abandonaron voluntariamente la zona.
Greenpeace confirmó la presentación de pruebas al organismo de la ONU, diciendo que Sonoda abandonó la prefectura de Fukushima hace seis años con su esposo para proteger a su hijo de 10 años.
"Quiero decirle al mundo que no hemos respetado nuestros derechos humanos desde el desastre. No quiero que esto le suceda a nadie en otros países ", dijo Sonoda, de acuerdo con Greenpeace que tuvo una transmisión en vivo fuera de la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
"Conozco a tantas madres que han estado sufriendo y sufriendo como resultado del desastre nuclear porque el gobierno japonés y TEPCO no aceptarán sus responsabilidades" , añadió antes de presentar sus pruebas.
El desastre de 2011 ocurrió cuando tres de los reactores de la planta de Fukushima experimentaron colapsos de combustible como resultado de un terremoto y consecuente tsunami. La radiación emitida obligó a 160.000 personas a huir de sus hogares.
Más de 12.000 hogares (alrededor de 27.000 personas) han abandonado las áreas circundantes que no estaban cubiertas por las órdenes de evacuación obligatorias del gobierno. A diferencia de las personas que se vieron obligadas a trasladarse bajo mandato de evacuación, los evacuados voluntarios sólo recibieron una fracción del pago que el gobierno ofrecía en compensación a los evacuados obligatorios.
Durante seis años, la mayoría de los evacuados voluntarios vivieron en otras partes de Japón a través de subsidios patrocinados por el gobierno que cubrieron el subsidio de vivienda. Ese programa terminó en marzo de este año, después de que el gobierno afirmó que el "entorno de vida (en la Prefectura de Fukushima) está en buen estado".
La negación de la ayuda financiera del gobierno, Sonoda y otros como ella cree, dejó a la gente con una dura elección. Pueden regresar a sus hogares en las zonas que temen siguen siendo inseguras o tratar de sobrevivir en otro lugar sin subsidios gubernamentales.
Los activistas encabezados por Greenpeace han pedido repetidamente a Tokio que declare las áreas circundantes de Fukushima como un peligro para la salud humana si los niveles de radiación alcanzan más de un millisievert (mSv) al año. Las personas, sin embargo, son alentadas por el gobierno a regresar a casa si los niveles de radiación están por debajo de los 20 mSv al año.
Greenpeace también instó al gobierno a seguir ofreciendo asistencia financiera a los evacuados para que no se vean obligados a regresar.
"Las políticas de reasentamiento del gobierno japonés no sólo no cumplen con las obligaciones de múltiples tratados de derechos humanos, sino que también violan claramente la legislación nacional de Japón en lo que se refiere al tratamiento de las personas afectadas por el desastre nuclear", dijo Kendra Ulrich, presione soltar.
"Aunque la mayoría de los evacuados nucleares de Fukushima cumplen con los criterios para ser considerados como desplazados internos, el gobierno japonés se ha negado a reconocerlos como tales e ignorado los marcos internacionales para su protección".
A principios de esta semana, un tribunal de la prefectura de Fukushima ordenó al gobierno japonés y al operador nuclear de TEPCO que pagaran alrededor de 500 millones de yenes ($ 4,44 millones) en compensación - menos de $ 1,200 por reclamante. La demanda colectiva fue presentada por unas 3.800 personas, el grupo más grande entre unas 30 demandas similares involucrando a 12.000 personas pendientes en todo el país.
El operador fue declarado culpable de no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias a pesar de saber de consecuencias potencialmente devastadoras en caso de un tsunami masivo ya en 2002. El gobierno, dijo el tribunal, no supervisó al operador antes del desastre.
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Quién es quién en el Deep State ?
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