Ecoterrorismo ; Guerra minera entre los indígenas Shuar y el Gobierno de Ecuador.
Rafael Correa reprime a la etnia Shuar para avanzar con un proyecto minero chino.
"El gobierno de Rafael Correa está empujando a las Fuerzas Armadas a cumplir un papel que nunca antes habíamos visto, ni siquiera en épocas de dictadura", dijo Jorge Herrera, presidente de la Conaie.
A pesar de su discurso indigenista y ambientalista, el gobierno ecuatoriano envió al ejército contra la etnia Shuar para garantizar la explotación en Panantza San Carlos. Además, busca disolver la ONG Acción Ecológica a la que acusa de desestabilizadora.
El zumbido de los helicópteros militares retumba en el sur de la cordillera del Cóndor, en Ecuador. Carros blindados, retenes policiales y disparos al aire marcan el día a día de los habitantes de las zonas aledañas al campamento minero de la empresa china ExplorCobres S.A. (EXSA), en la provincia de Morona Santiago, donde los enfrentamientos entre los indígenas 'shuar', que reclaman estas tierras como "ancestrales", y las fuerzas de seguridad se han intensificado.
La tensión entre 'shuars' y el Estado ha ido en aumento desde el 11 de agosto, cuando se desalojó la zona para construir el campamento de la minera china. El pasado 21 de noviembre, disparando perdigonazos al aire, los 'shuar' ocuparon las instalaciones de EXSA. Al día siguiente, el Gobierno respondió militarizando el área y los desalojó.
La concesión de 41.600 hectáreas en San Carlos Panantza a la empresa china EXSA es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos del Gobierno ecuatoriano. Tres de ellos están en la cordillera del Cóndor. En un contexto de crisis, acentuado por la bajada del precio del petróleo, China es un aliado esencial en grandes proyectos estatales. El Gobierno alega que esta explotación, en fase de exploración avanzada, será beneficiosa para el desarrollo provincial y nacional. Sin embargo, los pueblos indígenas de la zona denuncian el riesgo ecológico y la vulneración de derechos ambientales y de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de 2008.
Necesitamos un baño de paz y verdad con la naturaleza
Acción Ecológica
El gobierno de Rafael Correa empezó en el año 2007, con el caso Dayuma, dando una señal de intolerancia con los pueblos y con la naturaleza. Allí, los campesinos protestaban por los incumplimientos de la industria petrolera; industria que -bajo diferentes operadores- por años abusó de ellos, destruyó sus bases de sustento y destrozó los ecosistemas amazónicos.
Cuando se presentaron las protestas la empresa interpelada era Petroecuador, empresa nacional que poco tiempo después entraría en alianza con la transnacional Schlumberger para operar el campo Auca.
En ese momento, a propósito del caso Dayuma, las declaraciones de Correa incriminaban así: “[...] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno […] Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quién está detrás de todo esto, el gobierno no dejará que se detengan las explotaciones petroleras y mineras...”.
A las puertas de terminar su mandato, el Presidente deja otra muestra de intolerancia e irrespeto de los pueblos y a la naturaleza, esta vez en la Cordillera del Cóndor. El pueblo Shuar ha dicho que no quiere ver su territorio sagrado destruido y ha interpuesto todo tipo de recursos legales y administrativos para ser escuchado. La empresa que está en esta parte de su territorio es otra transnacional: la empresa china ExplorCobres S.A (EXSA).
En el último enlace ciudadano semanal, realizado el 17 de diciembre, esa vez el Presidente descalificó a los indígenas diciendo que: “... se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales...”.
El nivel de conflicto es tan grave que hay un muerto y varios heridos. Analistas, dirigentes sociales y organizaciones de derechos humanos señalan que esta violencia es responsabilidad del Gobierno Nacional.
El dictamen de Estado de Excepción en Morona Santiago es una declaración de guerra contra el Pueblo Shuar. Se ha puesto en marcha una incursión militar nunca antes vista: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados, despliegue de miles de militares y policías. Los hogares de las familias del Cantón San Juan Bosco (Parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón) están siendo allanados violentamente. Varios indígenas y campesinos han sido apresados y los están mostrando como asesinos, omitiendo la presunción de inocencia como un derecho humano. Además, el Ministerio del Interior ha anunciado una recompensa de 50 mil dólares, pudiendo desencadenarse una ola de señalamientos entre la gente local.
Los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios en donde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole?
Sabemos que en la Cordillera del Cóndor, de acuerdo la Contraloría General del Estado, se cambiaron los límites de la reserva Refugio de Vida Silvestre el Zarza a pedido de la empresa minera Aurelian, para dar paso al proyecto minero Fruta del Norte. Así también, en el 2008 se eliminó la Reserva Nacional a los bosques del Sur ecuatoriano, para abrir la ruta a la minería. Por eso no llama la atención que la ministra del Ambiente de aquel entonces, hoy como asambleísta, justifique y defienda que en el COA – Código Orgánico Ambiental- el Ministerio del Ambiente tenga la facultad de eliminar áreas protegidas (Art. 37).
En el área de la Cordillera del Cóndor se ignoró la consulta previa a los pueblos indígenas y se impuso a rajatabla el primer proyecto para minería a cielo abierto, a pesar de que la Constitución propone construir el Sumak Kawsay que es, por condición, en armonía con la Naturaleza. Se omitió la aplicación del Mandato Minero que fue resolución de la Asamblea Nacional Constituyente y prohibía actividades como el proyecto Mirador, por afectar las fuentes de agua y por acaparar territorios para la minería. A pesar del reconocimiento de derechos para la Naturaleza ya hay afectaciones dramáticas: empiezan a drenarse lodos de color amarillo hacia los ríos, hay muertes de peces y aparecen problemas digestivos y de la piel sobre todo en niños que viven en la zona.
Durante el gobierno de Rafael Correa el pueblo Shuar se ha llenado de luto. En 2009, cuando mataron al maestro shuar Bosco Wisum se investigó a los indígenas y se condenó a 12 años a los dirigentes de la Federación Shuar, es decir a sus mismos compañeros de lucha. La muerte del indígena Fredy Taish en 2013, en un operativo de las fuerzas armadas en la zona aledaña al Proyecto Mirador, continúa en la impunidad.
A inicios de diciembre de 2014, también en la Cordillera del Cóndor, se encontró asesinado al líder opuesto a la minería, y destacado dirigente social, José Tendetza. El cuerpo de José apareció atado con una soga en el Río Zamora, sin embargo se ordenó enterrar su cuerpo sin estudiar a fondo la causa de su muerte. Fue insólito que, días después de aparecer el cuerpo sin vida, la fiscalía ordenara allanar la propia casa de José Tendetza. En este allanamiento -en el que participó personal de la empresa Ecuacorriente (ECSA)-, la policía insistió en la entrega de documentos relacionados con las denuncias contra esta empresa minera que José Tendetza guardaba. Se investigó a la familia y a los vecinos pero no a la empresa minera. La respuesta del Estado fue muy distinta a la actual.
En el Cóndor también se ha agredido a mujeres que fueron desalojadas con sus niños en brazos y ahora enfrentan detenciones arbitrarias. Se requiere una Comisión de la Verdad para la Cordillera del Cóndor y para que aclare las agresiones a la naturaleza y a los pueblos en nuestro país. Los ecuatorianos y ecuatorianas no queremos -ni debemos- renunciar a una paz duradera para lo cual necesitamos esclarecer las irregularidades, los incumplimientos a derechos y el desvío de poder.
Cuando se presentaron las protestas la empresa interpelada era Petroecuador, empresa nacional que poco tiempo después entraría en alianza con la transnacional Schlumberger para operar el campo Auca.
En ese momento, a propósito del caso Dayuma, las declaraciones de Correa incriminaban así: “[...] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno […] Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quién está detrás de todo esto, el gobierno no dejará que se detengan las explotaciones petroleras y mineras...”.
A las puertas de terminar su mandato, el Presidente deja otra muestra de intolerancia e irrespeto de los pueblos y a la naturaleza, esta vez en la Cordillera del Cóndor. El pueblo Shuar ha dicho que no quiere ver su territorio sagrado destruido y ha interpuesto todo tipo de recursos legales y administrativos para ser escuchado. La empresa que está en esta parte de su territorio es otra transnacional: la empresa china ExplorCobres S.A (EXSA).
En el último enlace ciudadano semanal, realizado el 17 de diciembre, esa vez el Presidente descalificó a los indígenas diciendo que: “... se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales...”.
El nivel de conflicto es tan grave que hay un muerto y varios heridos. Analistas, dirigentes sociales y organizaciones de derechos humanos señalan que esta violencia es responsabilidad del Gobierno Nacional.
El dictamen de Estado de Excepción en Morona Santiago es una declaración de guerra contra el Pueblo Shuar. Se ha puesto en marcha una incursión militar nunca antes vista: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados, despliegue de miles de militares y policías. Los hogares de las familias del Cantón San Juan Bosco (Parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón) están siendo allanados violentamente. Varios indígenas y campesinos han sido apresados y los están mostrando como asesinos, omitiendo la presunción de inocencia como un derecho humano. Además, el Ministerio del Interior ha anunciado una recompensa de 50 mil dólares, pudiendo desencadenarse una ola de señalamientos entre la gente local.
Los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios en donde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole?
Sabemos que en la Cordillera del Cóndor, de acuerdo la Contraloría General del Estado, se cambiaron los límites de la reserva Refugio de Vida Silvestre el Zarza a pedido de la empresa minera Aurelian, para dar paso al proyecto minero Fruta del Norte. Así también, en el 2008 se eliminó la Reserva Nacional a los bosques del Sur ecuatoriano, para abrir la ruta a la minería. Por eso no llama la atención que la ministra del Ambiente de aquel entonces, hoy como asambleísta, justifique y defienda que en el COA – Código Orgánico Ambiental- el Ministerio del Ambiente tenga la facultad de eliminar áreas protegidas (Art. 37).
En el área de la Cordillera del Cóndor se ignoró la consulta previa a los pueblos indígenas y se impuso a rajatabla el primer proyecto para minería a cielo abierto, a pesar de que la Constitución propone construir el Sumak Kawsay que es, por condición, en armonía con la Naturaleza. Se omitió la aplicación del Mandato Minero que fue resolución de la Asamblea Nacional Constituyente y prohibía actividades como el proyecto Mirador, por afectar las fuentes de agua y por acaparar territorios para la minería. A pesar del reconocimiento de derechos para la Naturaleza ya hay afectaciones dramáticas: empiezan a drenarse lodos de color amarillo hacia los ríos, hay muertes de peces y aparecen problemas digestivos y de la piel sobre todo en niños que viven en la zona.
Durante el gobierno de Rafael Correa el pueblo Shuar se ha llenado de luto. En 2009, cuando mataron al maestro shuar Bosco Wisum se investigó a los indígenas y se condenó a 12 años a los dirigentes de la Federación Shuar, es decir a sus mismos compañeros de lucha. La muerte del indígena Fredy Taish en 2013, en un operativo de las fuerzas armadas en la zona aledaña al Proyecto Mirador, continúa en la impunidad.
A inicios de diciembre de 2014, también en la Cordillera del Cóndor, se encontró asesinado al líder opuesto a la minería, y destacado dirigente social, José Tendetza. El cuerpo de José apareció atado con una soga en el Río Zamora, sin embargo se ordenó enterrar su cuerpo sin estudiar a fondo la causa de su muerte. Fue insólito que, días después de aparecer el cuerpo sin vida, la fiscalía ordenara allanar la propia casa de José Tendetza. En este allanamiento -en el que participó personal de la empresa Ecuacorriente (ECSA)-, la policía insistió en la entrega de documentos relacionados con las denuncias contra esta empresa minera que José Tendetza guardaba. Se investigó a la familia y a los vecinos pero no a la empresa minera. La respuesta del Estado fue muy distinta a la actual.
En el Cóndor también se ha agredido a mujeres que fueron desalojadas con sus niños en brazos y ahora enfrentan detenciones arbitrarias. Se requiere una Comisión de la Verdad para la Cordillera del Cóndor y para que aclare las agresiones a la naturaleza y a los pueblos en nuestro país. Los ecuatorianos y ecuatorianas no queremos -ni debemos- renunciar a una paz duradera para lo cual necesitamos esclarecer las irregularidades, los incumplimientos a derechos y el desvío de poder.
Quién es quién en el Deep State ?
No hay comentarios: